Por Grupo de Investigación de Economía Ecológica
El pasado 30 de abril se cumplieron 11 años de la primera gran manifestación de los habitantes de Gualeguaychú (Entre Ríos) en contra de la instalación de la fábrica de producción de pasta de celulosa Botnia (hoy UPM) en el margen del Río Uruguay. Aquel día, 40.000 personas se movilizaron cortando el puente internacional General San Martín que conecta Gualeguaychú con la localidad uruguaya de Fray Bentos.
El 8 de mayo se realizó la 12º Marcha al Puente Internacional General San Martín en donde gran parte de los vecinos de Gualeguaychú continuaron expresando su "no rotundo a la contaminación y a la existencia de la pastera UPM Botnia", bajo el lema “Por nuestra vida, por el planeta, fuera Botnia”.de abril se cumplieron 11 años de la primera gran manifestación de los habitantes de Gualeguaychú (Entre Ríos) en contra de la instalación de la fábrica de producción de pasta de celulosa Botnia (hoy UPM) en el margen del Río Uruguay. Aquel día, 40.000 personas se movilizaron cortando el puente internacional General San Martín que conecta Gualeguaychú con la localidad uruguaya de Fray Bentos.
En el marco de este nuevo aniversario, cabe hacer lugar para una breve memoria del conflicto que originó la instalación de la fábrica y lo que dejó el conflicto tras más de una década.
La política forestal uruguaya y las plantas de celulosa
A finales de la década de 1980, Uruguay puso en marcha una política de desarrollo forestal de largo plazo a través de la sanción de una Ley Forestal que implicaba la implantación de especies para la industria de la celulosa y del aserradero. A través de subsidios y otros beneficios impositivos se impulsó con éxito el desarrollo de plantaciones de pinos y eucaliptos y, casi dos décadas después, comenzaron a conocerse los proyectos de construcción de fábricas de pasta de celulosa (el material más utilizado para la fabricación de papel, hecho a base de madera).
En 2002, se conoció públicamente la intención del gobierno uruguayo de Jorge Batlle de permitir la instalación de una planta de celulosa en Fray Bentos (departamento de Río Negro), en las márgenes del río Uruguay.
En 2003 se autorizó la instalación de una planta de celulosa a cargo del grupo ENCE (Empresa Nacional de Celulosa España), y, paralelamente, avanzaron las negociaciones para la construcción de una segunda fábrica, ubicada a pocos kilómetros de la anterior, a cargo de la empresa finlandesa Botnia.
En febrero de 2005, poco tiempo antes de finalizar su mandato, el gobierno de Batlle autorizó a la empresa a avanzar con el proyecto.
Botnia-UPM, comprendía una planta de fabricación de pasta celulosa de 1 millón de toneladas anuales, una fábrica de productos químicos y un puerto de barcazas para la salida de la producción. La inversión total sería de unos 1.100 millones de dólares, lo que significaría, en aquel momento, la mayor inversión privada realizada en Uruguay
En cuanto a la mano de obra, la empresa preveía la creación de 4000 puestos de trabajo directos durante el período de la construcción y 300 puestos en la fase de operación, así como unos 8000 empleos indirectos.
En marzo de 2005 tuvo lugar un cambio de gobierno en Uruguay, resultando ganador el Frente Amplio. Los indicios de oposición al proyecto de las plantas que este partido había adoptado en los comienzos se disolvieron rápidamente. Desde su asunción, el gobierno de Tabaré Vázquez apoyó firmemente la instalación de las plantas, principalmente por dos motivos: en el plano nacional, éstas permitirían dar proyección y continuidad a la política forestal iniciada en los años ochenta, en tanto que, en el plano local, estimularían la reactivación del mercado de trabajo en una región del interior uruguayo castigada por una economía en recesión y con altos índices de desocupación (Alvarado, 2007).
La oposición a las plantas de celulosa
La reacción del incipiente movimiento ambientalista de Gualeguaychú ante el anuncio de la segunda planta no tardó en llegar: en abril de 2005 organizaron la primera gran manifestación en contra de la instalación de las fábricas: 40.000 personas se movilizaron para manifestar su descontento, tomando el puente internacional General San Martín que conecta Gualeguaychú con Fray Bentos, y, en mayo, se constituyó formalmente la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (ACAG).
De allí en más, la ACAG utilizaría recurrentemente los cortes del puente internacional General San Martín como instrumento principal para expresar sus demandas con una consigna convocante: “Sí a la vida. No a las papeleras”, expresando así su firme y constante oposición a la construcción de las fábricas de celulosa por lo que se consideraba que sería una segura contaminación del río Uruguay.
Si bien en una primera instancia el gobierno argentino intentó buscar soluciones conjuntas al conflicto, a mediados de 2005 las autoridades nacionales comenzaron a cambiar su postura apoyando a la asamblea ambientalista y considerando incluso al problema como una cuestión nacional. A partir de 2006 los cortes de ruta, apoyados explícitamente por el gobierno argentino, cambiaron de naturaleza al convertirse en un bloqueo permanente.
Del lado uruguayo, la oposición política estuvo dada por pequeños partidos de izquierda escindidos del Frente Amplio con fuertes vínculos con las organizaciones ambientalistas, pero su prédica no tuvo ninguna repercusión. De hecho, la mayoría de los partidos de la oposición apoyaban el proyecto desde su inicio, al igual que las cámaras empresariales y los sindicatos del país.
Intervención de organismos internacionales y cambios institucionales
Durante 2006 y 2007, el conflicto alcanzó su momento más álgido tras el despliegue de distintas acciones por parte de los gobiernos y la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.
En 2006 la Asamblea consiguió que ENCE decidiera retirarse de Fray Bentos y relocalizara su inversión
En el ámbito internacional, el gobierno argentino consiguió retrasar los préstamos de los organismos internacionales de crédito para financiar la obra y logró que el Banco Mundial solicitara mejoras técnicas para el estudio de impacto ambiental. Las distintas acciones emprendidas por el gobierno argentino incluyeron la presentación de una medida cautelar ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en 2006 con la condición de que la Asamblea levantara los cortes de ruta. Sin embargo la presentación tuvo un resultado desfavorable para la postura argentina, retornando los cortes en el puente San Martín, pero también en otras localidades fronterizas de Entre Ríos. Mientras tanto, el gobierno argentino jerarquizaba el área de ambiente pasando de la categoría de Dirección a Secretaría de Estado.
El gobierno uruguayo también jugó sus cartas y presentó una medida cautelar ante la CIJ por los bloqueos de los pasos fronterizos, aunque sin éxito.
La decisión de La Haya respecto de la presentación uruguaya fue considerada un aliento para el movimiento ambientalista para continuar bloqueando los puentes internacionales. Para intentar evitar los bloqueos, los gobiernos acordaron la facilitación del rey español como mediador en el conflicto, aunque, nuevamente, con poco éxito.
El diferendo evidenció su insólito alcance cuando Tabaré Vázquez decidió por decreto encomendar al ejército uruguayo la custodia de las instalaciones de Botnia.
La posición de la Asamblea
La ACAG mantuvo la tenacidad en su discurso y sostuvo su capacidad de movilización a lo largo del conflicto. Sus miembros sostenían que, si bien apoyaban el diálogo, la única posibilidad era que las papeleras salieran de la cuenca del río Uruguay, sin aceptar acuerdos sobre cambios de tecnología o aumento de monitoreos. Según la ACAG, ningún punto intermedio era válido, porque más o menos contaminación no era el eje de las negociaciones para la gente de Gualeguaychú. “Botnia es ilegal y no tiene ni tendrá la licencia social de estos pueblos" afirmaban en el comunicado de la Tercera Marcha al Puente Internacional General San Martín.
La "salida" del conflicto
Botnia comenzaría a producir pasta celulosa en septiembre de 2007 y Uruguay cerraría temporalmente el puente Fray Bentos-Gualeguaychú, para evitar eventuales manifestaciones de argentinos frente a la planta.
Al poco tiempo se conocería el primer informe independiente elaborado por Green Corss que afirmaba que la planta no contaminaba, aunque los vecinos de Gualeguaychú replicaban que la planta funcionaba al mínimo de su capacidad.
Sobre la demanda argentina, la Corte Internacional de Justicia dictó fallo en 2010, resolviendo que Uruguay había violado sus obligaciones procesales establecidas por el Estatuto del Río Uruguay de notificar e informar de buena fe pero, si bien Argentina pudo demostrar que algunos parámetros de contaminación de las aguas del río se habían elevado desde la puesta en marcha de la pastera, falló en probar que la planta de celulosa era la causante y no otros factores ajenos a ella, por lo que la Corte entendió que Uruguay no había violado sus obligaciones para evitar la contaminación ambiental, por lo que consideró que resultaba desproporcionado ordenar el cierre de la planta de Botnia-UPM, pero instruyó a ambos países a realizar un monitoreo en conjunto del río, a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y aplicando el Estatuto del Río Uruguay. El acuerdo entre ambos países para conformar un Comité Científico en el seno de la CARU fue firmado ese mismo año.
El conflicto fue entrando en una fase de estancamiento durante los años siguientes, aunque con cortes esporádicos que fueron perdiendo cierta legitimidad debido a las incomodidades que generaban para la circulación (al menos el gobierno argentino ya no era tan condescendiente respecto de los cortes).
En 2013 se reavivó el diferendo tras la decisión del gobierno uruguayo de autorizar el aumento de los cupos de producción de Botnia-UPM, y la amenaza del gobierno argentino de recurrir nuevamente a la CIJ. Finalmente el gobierno uruguayo autorizó el aumento de la producción en 2014 aunque no hubo respuestas al otro lado del río.
La Asamblea y el gobierno actual
Si bien las marchas ya no tienen un lugar central en las noticias nacionales, el pasado 8 de mayo, miles de vecinos de Gualeguaychú reclamaron nuevamente por el cierre de UMP-Botnia en el Puente Internacional General San Martín. Lo manifestaron mediante una proclama y con miles de banderas y remeras con la leyenda “No a las papeleras”. La Asamblea aún mantiene un fuerte apoyo por parte de los gobiernos provincial y municipal. De hecho, la última movilización fue declarada de interés por la legislatura provincial y la Secretaría de Ambiente entrerriana.
El actual ministro de Ambiente, Sergio Bergman, es asiduo concurrente a las marchas de la Asamblea y hasta se había definido como "un asambleísta más". Sin embargo, decidió no participar de la última movilización (la primera desde que es funcionario) aunque viajó unos días más tarde a Gualeguaychú y se expresó sobre el tema. Al respecto afirmó que el gobierno actual no tiene como aspiración que Uruguay desmantele la pastera UPM-Botnia, sino que el vecino país se avenga a cumplir lo que determinó el Fallo de La Haya, sosteniendo que es necesario avanzar en el monitoreo para demostrar si existe o no la contaminación.
Algunos comentarios
A pesar de su disipación mediática, el conflicto por el funcionamiento de Botnia-UPM a orillas del Río Uruguay permanece latente a más de una década de iniciado el diferendo. Pareciera imposible una solución efectiva que conforme a todas las partes involucradas por tratarse de posiciones prácticamente irreconciliables.
Lo cierto es que este tipo de conflictos asociados a la creciente reivindicación de los derechos territoriales, la justicia ambiental y social son cada vez más frecuentes. En este contexto cabe reflexionar una y otra vez sobre el tipo de desarrollo que queremos para nuestras sociedades, qué estamos dispuestos a sacrificar y qué cuestiones son innegociables para nosotros y para las próximas generaciones.