Por Grupo de Investigación de Economía Ecológica
El derrame reciente de un millón de litros de solución cianurada en las aguas del río Jáchal, en la provincia de San Juan por parte de la empresa Barrick Gold en la mina Veladero (click aquí para ver noticia) visibiliza nuevamente el necesario debate en torno a la explotación minera a cielo abierto.
Neoextractivismo y minería
Si bien es cierto que la explotación y exportación de materias primas no son actividades nuevas en América Latina, resulta claro que en los últimos años del siglo XX se ha intensificado notoriamente la expansión de megaproyectos tendientes al control, la extracción y la exportación de bienes naturales a gran escala, sin mayor valor agregado.
La socióloga argentina Maristella Svampa sostiene que, entre los elementos comunes de esta dinámica, se destacan la gran escala de los emprendimientos (intensivos en capital), la tendencia a la monoproducción, la expansión de la frontera de explotación y una lógica de ocupación de los territorios claramente destructiva, que da lugar a conflictos socioambientales.
Así caracterizado, el denominado neoextractivismo contempla actividades consideradas tradicionalmente como tales (la minería y explotación de hidrocarburos) y aquellas ligadas al nuevo sistema agroalimentario (los agronegocios o la producción de biocombustibles).
Respecto de la minería, y en particular la metalífera, desde mediados del siglo XX se ha impuesto una nueva forma de explotación: transnacional, a gran escala y, generalmente, “a cielo abierto”.
La explotación minera a gran escala y a cielo abierto no es realizada en galerías subterráneas, sino en la superficie de la tierra. Consiste en la explotación de yacimientos de minerales diseminados en los cuales pequeñas cantidades de mineral se encuentran dispersas en grandes volúmenes de roca. Esto implica, entre otras cosas, la voladura de extraordinarias cantidades de suelo y la puesta en marcha de procesos de lixiviación con sustancias químicas (tales como cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, etc.) para extraer los minerales de la roca.
Argentina tiene una extensa cordillera de más de 5 mil kilómetros, dotada de innumerables recursos mineros. Sin embargo, no fue hasta la década de 1990 y las políticas neoliberales implementadas por el menemismo (cuyos orígenes se encuentran en la reestructuración económica impuesta en la década de 1970 por la dictadura militar a través del terrorismo de estado) que la actividad minera tomó especial relevancia e interés.
En la década de 1990, se aprobaron las leyes que constituyen el marco legal habilitante para la inversión minera en el país, estableciendo importantes beneficios al capital transnacional:
- Estabilidad fiscal y cambiara por 30 años (el período más amplio en toda la región).
- Exención del pago de los derechos de importación.
- Deducción del 100% de la inversión en el impuesto a las ganancias.
- Exención al descubridor del yacimiento del pago del canon por tres años.
- Un porcentaje máximo del 3% en concepto de pago de regalías al valor de bocamina declarado por la empresa.
- La devolución de entre el 5 y el 12% de las regalías por exportar por puertos argentinos.
- Libre exportación del total de la producción, sin retenciones.
- Exención de tasas aduaneras, IVA, pago del impuesto al cheque, impuesto sobre los combustibles y tasa de sellos.
Asimismo, con la reforma de la Constitución Nacional (1994) y el Código de Minería (1995), el dominio originario de los recursos naturales existentes se traspasó a las provincias y el sector privado aparece como el único actor autorizado a explotar los recursos minerales del país.
Además, las propias empresas son quienes definen dónde comienza o termina cada proceso, no existiendo ninguna autoridad pública que controle lo que se extrae ni lo que se exporta, ni tampoco sus costos de comercialización.
Las cifras hablan por sí solas: las exportaciones mineras del país se multiplicaron en las últimas décadas. Según datos oficiales de la Secretaría de Minería, en 1993 Argentina exportaba 15 millones de dólares. Después de aprobada la nueva legislación de la actividad que aún sigue vigente, el cambio fue drástico: en 2012 se alcanzó el record de exportación llegando a más de 5.300 millones de dólares.
¿Minería = Desarrollo?
La expansión de la actividad minera en Argentina, especialmente la metalífera, ha suscitado importantes controversias. Por un lado, quienes impulsan esta actividad hacen referencia al impacto favorable a raíz de la llegada de inversiones extranjeras, como el impulso a las economías locales y la generación de puestos de trabajo que revitalicen las áreas más empobrecidas. En el otro extremo, quienes están en contra de este tipo de proyectos, teniendo en cuenta la nueva modalidad de explotación –a cielo abierto–, sostienen que este modelo no sólo está fundado en los intereses de las corporaciones transnacionales, sino que, además, no genera el pretendido desarrollo; por el contrario, conlleva al empobrecimiento de los pueblos y ocasiona graves daños ambientales. Algunos datos, a modo de ejemplo, alcanzan para comprobar estas preocupaciones:
- La minería a gran escala se caracteriza por ser una de las actividades económicas más capital-intensivas: cada 1 millón de dólares invertido, se crean apenas entre 0,5 y 2 empleos directos.
- El cerro Bajo de la Alumbrera en Andalgalá, al oeste de Catamarca, fue uno de los primeros lugares en donde se instaló la minería a cielo abierto en Argentina. Hay evidencias sobradas de que en estos más de 20 años no se alcanzó nada de lo prometido por la transnacional Minera Alumbrera (a excepción de sus ganancias): ni desarrollo económico, ni fuentes de empleo (click aquí para ver el informe) y con un impacto territorial enorme (click aquí para ver imágenes satelitales).
- El Cerro Vanguardia en la provincia de Santa Cruz, Argentina, utiliza un volumen de agua diario tres veces superior al que consume toda la capital provincial cada 24 horas.
- El 14 de setiembre de 2015 se produjo la rotura de una cañería que conduce solución cianurada desde la planta de procesos hasta el valle de lixiviación en la mina Veladero que explota la empresa canadiense Barrick Gold, a pocos kilómetros de la localidad sanjuanina de Jáchal. Transcurrió un día entero hasta que la minera y el gobierno de San Juan reconocieron la contaminación, y solicitaron a los vecinos que no bebieran el agua proveniente del Río Jáchal.
Licencia ambiental vs Licencia social
Para legitimar sus operaciones, las transnacionales megamineras apelan al argumento de la generación de empleo y las promesas de un supuesto progreso para las comunidades en las que se instalan los emprendimientos. En este sentido, introducen además programas de Responsabilidad Social Empresaria, que generalmente incluyen la construcción de hospitales, escuelas y polideportivos, y obras de infraestructura como carreteras, obras hidráulicas y eléctricas, remplazando incluso el rol del Estado.
Sin embargo, la instalación de proyectos mineros a cielo abierto es interpretada por gran parte de los pobladores de la región cordillerana como una amenaza a las fuentes de agua, al ambiente, a sus formas de producir y vivir, a sus cuerpos y a su salud. De esta manera, surgieron a lo largo de país alrededor de setenta asambleas de vecinos autoconvocados que ven intimidadas sus condiciones y calidad de vida ante estos proyectos de megaminería. Entonces, frente a la licencia ambiental otorgada formalmente por los organismos de control, se pone en discusión la existencia o no de una licencia social otorgada por las comunidades afectadas.
En los últimos años se ha producido una explosión de la conflictividad ambiental, aunque en estos conflictos se observan enormes asimetrías entre los sectores sociales movilizados y las empresas, que generalmente cuentan con el aval y apoyo de los gobiernos, logrando el encapsulamiento de los conflictos y motivando la criminalización y la represión de las protestas sociales.
Las comunidades afectadas sostienen entre sus argumentos que las inversiones y ganancias millonarias que, por supuesto, son giradas en gran parte al exterior, y los daños ambientales que producen no pueden ser justificadas con la creación de algunos empleos que, en pocos años, dejarán de existir. Además, los emprendimientos mineros requieren un uso desmesurado de agua y energía y generan grandes pasivos ambientales, como la contaminación de los recursos acuíferos y daños irreparables en el medio ambiente y generan una fuerte dependencia en toda la actividad económica de los lugares en donde se instalan.
Es importante mencionar como referente, la lucha que sostuvieron los vecinos autoconvocados de Esquel contra la minera canadiense Meridian Gold. Se trató de un caso emblemático que puso en agenda pública las implicancias que tiene para muchas comunidades locales el desarrollo de la industria minera en el país. La empresa, había comenzado a explorar un yacimiento de oro a 6 km del centro de la ciudad y, en 2003, los vecinos organizaron un plebiscito en el que el 81% de la población pronunció un rotundo “no” a la minería tóxica y, desde entonces, ningún emprendimiento pudo instalarse en Chubut. Como en Esquel, hay una gran cantidad de asambleas a lo largo y ancho del país que se manifiestan en contra del avasallamiento de los bienes comunes y los derechos de los pueblos, que no dan lugar a la participación en los procesos de decisión. Asimismo, ya son siete las provincias que prohibieron por ley este tipo de explotación: Mendoza, Chubut, Río Negro, San Luís, La Pampa, Tucumán y Córdoba.
En este contexto surge la pregunta: Minería ¿para qué, cómo y para quién?
Lo cierto es que, como afirma el economista Martinez Alier, estamos ante la emergencia de nuevos lenguajes de valoración del territorio asociados a la creciente reivindicación de los derechos territoriales, la justicia ambiental y social, que van por fuera de su valoración utilitaria de cambio.